Nueve empresas privadas se quedaron con las concesiones para construir y operar cafés y servicios en 16 parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, luego de un proceso de licitación pública. Los espacios incorporarán cafeterías, baños públicos, bicicleteros, conexión Wi-Fi e iluminación, con obras financiadas íntegramente por capital privado y sin costo fiscal para el Ejecutivo porteño ni para los vecinos.
Los permisos duran cinco años y las firmas deben completar toda la inversión —materiales, mano de obra y equipamiento— antes de comenzar a pagar el canon mensual. Los 16 permisos representan un canon inicial conjunto de unos 38,3 millones de pesos, equivalente a 459,7 millones anuales, con montos que van de 860 mil a 4,75 millones de pesos por permiso. La Ciudad estima que el proyecto movilizará alrededor de 4,6 millones de dólares en inversión privada, con un plazo de obra cercano a los seis meses.
Entre los espacios alcanzados figuran el Parque La Isla en Paternal, el Parque Los Andes en Chacarita, el Parque de las Américas en Belgrano, las plazas Armenia y Sicilia en Palermo, el Parque Thays en Recoleta, la Plaza España en La Boca, el Parque de los Patricios en Constitución y el Parque Indoamericano en Villa Soldati. Rendeaux SA obtuvo tres permisos (Parque Chacabuco, Parque Indoamericano y Plaza España), mientras que MF Construcciones Electromecánicas SA se quedó con Parque La Isla, Parque Los Andes y Parque Mujeres Argentinas.
En redes sociales, el jefe de Gobierno Jorge Macri escribió: “Dije que no nos iban a poder parar. Ya adjudicamos 16 cafés en los parques y plazas de la ciudad”. El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, afirmó por su parte que estos servicios “hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, además de promover empleo y desarrollo local”.
El plan también generó reparos. Legisladores de la oposición reclamaron precisiones sobre el impacto ambiental, los montos y los mecanismos de control, al considerar que los espacios verdes cumplen funciones irremplazables. Organizaciones vecinales advirtieron que trasladar servicios básicos como los baños públicos a operadores comerciales puede alterar la lógica de acceso gratuito a esos lugares.